Educación para la ciudadanía

Marcelo Ramírez Ramírez

El concepto de ciudadanía, salvo el remoto antecedente de Atenas y Roma en las que la ciudadanía designaba un privilegio reservado a muy pocos, nace con la Revolución francesa y alcanza su desarrollo en las democracias modernas, a través de tres etapas. En la primera se conquistan los derechos civiles y políticos; en la segunda los derechos económicos, sociales y culturales; en la tercera, los derechos que favorecen la integración de quienes proceden del horizonte de la multiculturalidad. Se trata, evidentemente, de un desarrollo desigual en los diferentes países y nunca totalmente consolidado en ninguno. Aún en las democracias maduras del occidente europeo y los Estados Unidos, los derechos quedan preferentemente reservados a la ciudadanía estatal y no tienen acceso a ellos o lo tienen muy restringido, quienes proceden del horizonte multicultural. En las democracias incipientes como la nuestra, la lucha se orienta a garantizar la ciudadanía nacional a partir del reconocimiento efectivo de la igualdad intrínseca de todos los individuos, para combatir desigualdades ofensivas, por ejemplo, las que padecen las mujeres, los indígenas y otros grupos vulnerables.

Debido a la falta de cultura política, una mayoría considerable de ciudadanos ni participan responsablemente en la construcción de la voluntad general, ni poseen los hábitos de acatamiento y respeto a la ley. Por otra parte, la marginación, la incapacidad para generar empleos y la falta de oportunidades para lograr legítimos ascensos en la escala social, exhiben la fragilidad de nuestras instituciones para hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales consignados en la Constitución de la república.

Una evaluación crítica del estado de nuestra democracia lleva, entre otros resultados, al reconocimiento de la necesidad de impulsar la educación para la ciudadanía plena, a fin de darle a los gobiernos federal, estatal y municipal el soporte indispensable para el éxito de las políticas públicas, mismo que no podrá alcanzarse sin la participación responsable y solidaría, pero también crítica y exigente de los ciudadanos. Las políticas públicas deben estar diseñadas para servir al pueblo y deben llevarse a cabo con su participación; la fórmula democrática sería: gobierno para el pueblo y con el pueblo.

La educación para la ciudadanía es un “aprender haciendo”, en la cual han de involucrarse, además del sistema de educación nacional, los diversos actores sociales y políticos, pues la convivencia en la sociedad pluralista reclama, junto con el espíritu de tolerancia para aceptar a los diferentes, la capacidad de los ciudadanos para elevarse a esa “verdad más alta” en que se puede coincidir para cuidar los intereses de la humanidad, medio ambiente, pueblo y patria. Estas palabras dicen poco en el discurso político actual, porque han sido puestas, igual que otras grandes palabras, al servicio de la obtención y conservación del poder, pero a menos que se tomen en serio las realidades que ellas designan, la política no podrá ser rescatada, reintegrándole la dignidad perdida. A esta dignificación puede contribuir la educación para la ciudadanía al enseñar deberes y derechos esenciales para hacer de la democracia un proyecto viable de vida del que todos seamos corresponsables.