¿Qué esperar de la Reforma Educativa?

Marcelo Ramírez Ramírez

Reformas educativas ha habido muchas a lo largo de nuestra historia, desde la de Don Valentín Gómez Farías, en la cuarta década del siglo diecinueve, hasta la que anunció el presidente Enrique Peña Nieto, apenas iniciado su gobierno, en una clara manifestación de voluntad política de incidir en la reorientación del Sistema Educativo Nacional. Las reformas han sido, cada una en su momento, reflejo de las ideas dominantes sobre el papel de la educación, tal como las interpretan desde la óptica estatal quienes gobiernan; pero el apoyo real de las fuerzas políticas, los grupos de poder económico, el magisterio, los intelectuales, los líderes de opinión y de la sociedad, ha respondido invariablemente a una toma de posición determinada por los intereses que se defienden. Una reforma supone siempre la afectación de un orden institucional establecido, afectación que es valorada de distinta manera por los diversos actores. La educación representa un instrumento capaz de consolidar o minar la estabilidad política y este hecho es prioritario para todo gobierno. Así lo entendieron los ideólogos liberales del siglo diecinueve, al buscar una educación adecuada al nuevo Estado laico, el cual necesitaba ser fortalecido frente a los representantes de la ideología conservadora. Desde entonces, la política educativa ha reflejado la lucha, abierta o sorda por el control de la educación, una lucha que el Estado tiene el derecho y el deber de mantener dentro de los causes de la legalidad subordinándola a los intereses generales de la nación. El doctor Gabino Barrera, adaptando la doctrina positivista a la realidad mexicana. Don Justo Sierra en el porfiriato, José Vasconcelos con el general Álvaro Obregón, Narciso Bassols y Lombardo Toledano con el genera Lázaro Cárdenas, Don Jaime Torres Bodet con el general Manuel Ávila Camacho y con el licenciado Adolfo López Mateos respectivamente, impulsaron reformas educativas de reconocida importancia. Se las recuerda como hitos de fecundas realizaciones en el desarrollo de la política educativa. Estos hitos, sin embargo, no son marcas en una historia continua hacia idénticos objetivos; señalan momentos de ruptura en la concepción y práctica de la educación y eso explica que en algunos casos la reforma emprendida deje de lado e inclusive rechace abiertamente instituciones y rutinas que al correr del tiempo habían terminado por ser inoperantes. En un repaso panorámico, las reformas se nos presentan de la siguiente manera: la obra de Vasconcelos privilegió la escuela rural, las misiones culturales, la alfabetización y las bibliotecas; el régimen cardenista adoptó el socialismo para formar al hombre nuevo, en franca contradicción con los principios que organizan y sustentan al Estado mexicano; Jaime Torres Bodet reconstruyó la escuela mexicana bajo los principios de la democracia liberal, dándole congruencia al sistema educativo con el resto de las instituciones públicas; el Ingeniero Víctor Bravo Aguja fortaleció el sistema tecnológico y dio impulso a la educación crítica y a los principios de solidaridad internacional. El gobierno de José López Portillo enfocó sus esfuerzos a la expansión del sistema, fortaleciendo el nivel preescolar, brindó atención a los educandos con capacidades diferentes y destinó mayores recursos a los grupos marginados. Con Carlos Salinas de Gortari, lo que podría llamarse paradigma de la educación nacionalista parece rebasado por la dinámica de la economía mundial y toma rumbo definido la tendencia a coordinar estrechamente la acción educativa con las exigencias derivadas de la globalización. El reto se presentará en adelante en los siguientes términos: proveer de nuevas competencias a los individuos para integrarlos al mercado laboral y formar ciudadanos aptos para la convivencia democrática; dos objetivos no siempre compatibles en la perspectiva de los funcionarios responsables de transformarlos en programas operativos, porque los valores para la ciudadanía han sido considerados como un añadido y no un fin relevante en sí mismo. Durante los dos últimos gobiernos panistas, el énfasis se puso, con notoria parcialidad, en la formación de competencias para el trabajo productivo. La decisión oficial de impulsar la educación con criterios utilitarios, llevó a menospreciar la función de la filosofía para formar el juicio critico que es, precisamente, prerrequisito de una opinión pública responsable, así como también ignorar el papel de la historia prehispánica como fuente de identidad.

La Iniciativa de Decreto del Ejecutivo para la Reforma del Artículo Tercero de la Constitución merece ser analizada, pues el texto nos informa acerca de los cambios que se proponen, su justificación y lo que debe esperarse de una educación de calidad e inclusiva, dos características definitorias del nuevo modelo educativo de acuerdo al propio documento. Con este propósito en mente, destaquemos algunas cuestiones sobre las cuales se han expresado diversos puntos de vista. En la Iniciativa coexisten dos planos de sentido. El plano del discurso explícito manifiesta con claridad los deberes que el Estado asume respecto al sistema educativo, en el espacio de una decisión política que reconoce la presencia de otros actores importantes, cuya opinión y propuestas fueron integradas para la Reforma del Artículo Tercero y lo serán también en la elaboración de las leyes secundarias. Ahora bien, el contenido de la Reforma contempla dos acciones fundamentales, la creación del Servicio Profesional Docente y la elevación a rango constitucional de la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Hay quienes piensan que deberían haberse planteado otras acciones a fin de incidir con mayor fuerza en los factores que impiden cumplir al Sistema Educativo con su misión. Lo cierto es que tales juicios sólo conllevan el riesgo de polarizar las discusiones, sin que éstas se traduzcan en elementos enriquecedores del modelo al que la Reforma dará vida. La actitud políticamente conveniente, una vez aprobada la Reforma, es atenerse a las propuestas que le dan contenido efectivo, promoviendo el correspondiente ejercicio de reflexión y participación, con vistas a la elaboración consensuada de las leyes secundarias. La pluralidad de puntos de vista argumentados con solvencia intelectual y moral, será susceptible de ser considerada por el órgano legislativo, de manera que todos los intereses queden a salvo en la medida en que se acredite su legitimidad.

En cuanto a lo que podemos llamar el plano del discurso implícito, susceptible de ser leído entre renglones, sobre el interés del gobierno en aplicar con mayor rigor las normas del derecho laboral a los trabajadores al servicio de la educación, o en modificar las relaciones de poder entre el SNTE y las autoridades, todo esto es más bien materia de especulación. La única manera de eliminar las sospechas, es, nuevamente, la discusión de los compromisos concretos que las partes involucradas se obligan a cumplir, los cuales quedarán debidamente consignados en las normas reglamentarias. Veamos un ejemplo para ilustrar lo que entendemos por darle concreción a la Reforma preservando los derechos de sus principales actores y de los educandos, en los cuales descansa el futuro de la Nación. La Iniciativa habla de calidad educativa. Pero ¿en qué consiste la calidad referida a un ser humano? La cuestión no es saber si formar profesionales y operarios competentes es un objetivo plausible, algo que nadie pone en duda, sino si esto por sí mismo es suficiente. El Artículo Tercero de la Constitución es muy claro al respecto: la formación de los educandos debe ser integral y armónica; concepto ambicioso e irrealizable, pero sabiamente establecido con la intención de servir de principio regulador al trabajo cotidiano del magisterio. El “producto” de la educación debe acercarse lo más posible, en cada fase del proceso formativo a esta meta. El esfuerzo por conseguirlo es lo distintivo de la tarea educativa y da al maestro la dignidad de un formador de conciencias y no de funcionario burócrata. Por tanto, podemos concluir señalando que la docencia requiere instrumentos delicados de evaluación; que es necesario fortalecer su preparación con un sistema que reconozca y estimule su trabajo y dedicación; que es preciso considerar cuidadosamente los indicadores para evaluar los resultados de la actividad del magisterio. En suma, que la evaluación debe aportar, ante todo, criterios para el mejoramiento del sistema educativo, haciendo posible combatir las debilidades y compartir las fortalezas según lo establece la Iniciativa presidencial. Los representantes sindicales tienen aquí y en otros temas medulares, una oportunidad de legitimación y diseño de estrategias para redefinir los espacios de diálogo con las autoridades. Estos espacios son ya indispensables para procesar las diferencias y hallar soluciones que tienen que ver con el bien común y sólo secundariamente con intereses sectoriales o individuales.

Sin caer en la actitud de esperar cambiar todo y totalmente el sistema educativo, tampoco puede soslayarse la urgencia de reconstruir las bases culturales y morales del pacto social. En tal dirección, la Reforma reclama ser impulsada hasta el límite de lo posible. La reconstrucción de las bases de la convivencia es hoy, como en otras etapas criticas de nuestra historia, prioridad nacional. Con ella deberán guardar congruencia el Servicio Profesional Docente, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, así como los programas y acciones que deriven de las propuestas contempladas en los artículos transitorios del Decreto para la Reforma del Sistema Educativo Nacional.